Los medios de comunicación se resisten a cambiar

Los medios de comunicación mexicanos se resisten al cambio, nadan a contracorriente cuando el vendaval lleva al país en otro sentido. Quieren vivir pegados a la ubre del presupuesto oficial. Hay honrosas excepciones, pero son las menos. En mayor cantidad, los medios son una extensión delas oficinas de prensa de las dependencias oficiales. Son el brazo ejecutor del gobernante en turno.

Por ello hacen "panchos" tan ridículos como ir a vociferar en contra de los intereses de la sociedad y a favor de sus ingresos por publicidad.

Otto Granados Roldán, que del uso de los medios a favor de un gobierno sabe mucho, pues fue responsable de la comunicación social en el sexenio salinista y después gobernador de Aguascalientes, reflexiona brevemente sobre ese poder que los medios se han construido para beneficiarse de un modo que ofende al sentido común y desvela el profundo fango de desconfianza en el que están hundidos, entre otras cosas por la opacidad con que se conducen, una oscura cortina que favorece el vergonzoso maridaje con el gobierno y detrás de la cual se urden las más atroces mentiras.

Escribió en Medios: la transición pendiente:

La escandalosa reacción de concesionarios y periodistas de medios electrónicos —a la que tienen desde luego todo derecho— a propósito de la reforma electoral, ha estimulado la conveniencia de hacer más intensa, crítica y rigurosa la discusión en torno a la urgencia de que los medios mexicanos transiten hacia una estructura profesional, transparente y que rinda cuentas, como corresponde a las empresas de interés público. Las dimensiones de la reforma mediática son desde luego varias, algunas de ellas particularmente polémicas como las que tienen que ver con los contenidos, pero hay una que suele dejarse de lado y es la relacionada con el régimen legal de su operación mercantil.

La cuestión puede formularse de la siguiente manera: si hoy la mayoría de las actividades económicas en México cuenta con un esquema regulatorio razonablemente funcional, en el caso de las empresas de comunicación no hay en cambio ningún mecanismo de supervisión o escrutinio públicos y, por ende, los grupos mediáticos no tienen incentivos para, por ejemplo, transparentar sus operaciones financieras (con la excepción de dos televisoras y un grupo de radio que cotizan en la bolsa), establecer fronteras claras entre información y opinión o entre periodismo y publicidad, dotar a sus periodistas de las garantías básicas de un estatuto de la redacción —como la de oponerse a una manipulación informativa dictada por intereses extra periodísticos de la empresa—, colocar candados contra la autocensura o establecer (y explicar) las razones por las cuáles un empresario puede prescindir de un director o editor.

Los medios son, en cuanto sociedades mercantiles, entidades privadas, pero el rasgo distintivo –de forma análoga a la educación particular, la telefonía, la aviación o la industria farmacéutica, por ejemplo— es que el servicio que prestan es un bien público y su influencia en la sociedad las convierte en entidades de interés público, sujetas, por tanto, a distintas regulaciones y requisitos de transparencia. Por ejemplo, no hay ninguna empresa mexicana editora de publicaciones impresas que cotice en bolsa, lo que inhibe la posibilidad de que divulguen información exacta sobre sí mismos: quiénes son sus propietarios reales (no los que aparecen en los registros públicos), cuáles sus tirajes verificables, sus ingresos verdaderos, sus costos de operación y de producción, sus tarifas publicitarias reales y un sinfín de información que elevaría los niveles de credibilidad y de confiabilidad.

Peor todavía: en el régimen de la alternancia —que trajo consigo entre otras cosas la fragmentación del poder y de la agenda política y, por tanto, informativa—, desapareció toda regla en la relación entre medios y agentes económicos y políticos, y los medios aprovecharon esta especie de vaciamiento para rentabilizar eficazmente el protagonismo que el cambio les asignó. En tal contexto, pasaron a ser un poder autónomo no electo y suprainstitucional, con lo que el nervio de la tensión política se trasladó de los poderes públicos al poder mediático (lo que explica en parte la vendetta de los partidos) y sobre bases fundamentalmente económicas. El escenario más viscoso de esa emancipación se dio en el terreno mercantil y a ello dedicaré mi artículo de la próxima semana.

El texto de Granados Roldán se publicó en El Heraldo de Aguascalientes

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