jueves, enero 10, 2008

Que venga el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH a México

En medio de una agenda pendiente en materia de libertad de expresión en nuestro país, que abarca el asesinato de 34 periodistas y la desaparición de otros 7 en los últimos 7 años, así como con 84 expedientes en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por denuncias de agravios, ataques y agresiones a informadores y medios de comunicación. En ese contexto la periodista y conductora radial Carmen Aristegui, crítica de los poderes fácticos y constituidos, la “dirección de Televisa Radio”, se negó a renovarle el contrato al comenzar 2008, “porque el modelo editorial practicado a lo largo de cinco años era incompatible con el modelo que la propia empresa ha determinado”.

Por varios años el noticiario de Carmen Aristegui fungió como una opción informativa social al cubrir temas de toral interés público que otros espacios de comunicación similares no dieron a conocer. Las organizaciones firmantes lamentamos la salida del aire de la periodista y de su noticiario, el cual visibilizó problemáticas sociales que quedarán fuera de espacios noticiosos de tan amplia cobertura, pues con ello se cierran áreas para la pluralidad informativa, una tendencia que venimos observando en los medios electrónicos desde el caso del Canal 40.

Los medios de comunicación son las vías mediante las cuales se materializa el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, por ello deben cumplir fundamentalmente con el fin social de mantener informada a la población de manera plural a fin de que ésta pueda obtener información y tomar decisiones para mejorar la participación y el desarrollo social. De ahí que los medios de comunicación deben funcionar de cara a la sociedad, transparentando y fundamentando sus decisiones. El comunicado que dieron a conocer las empresas Prisa y Televisa no sustenta suficientemente la salida de la periodista Carmen Aristegui. La sociedad mexicana requiere de una explicación más detallada de frente a una incipiente democracia que demanda pluralidad en la información y visibilidad a temas sociales de interés público.

Este caso refleja las consecuencias de aquello que hemos denunciado durante años, en el sentido que entraña los efectos de la concentración mediática sobre el ejercicio del derecho a la información y la libertad de expresión. En ausencia de una legislación en materia de medios electrónicos que garantice tales derechos, es responsabilidad del Estado mexicano actuar a través de sus instituciones y proveer de una legislación que dé mayor protección a la libertad de expresión como es la cláusula de conciencia.

Lo acontecido en estos días constituye una acción que vulnera el ejercicio democrático y del derecho a la libertad de expresión en el país, aunado a los graves hechos de homicidios, desapariciones, hostigamientos y diferentes formas de agresiones contra periodistas y medios de comunicación y la consecuente falta de investigación. A esto se suman otros hechos que limitan la libertad de expresión en México, tales como las demandas penales y civiles injustificadas contra periodistas y medios, el uso abusivo de controles del Estado como el control hacendario y la falta de criterios equitativos en la asignación de la publicidad oficial. Todo ello es consecuencia de marcos normativos tanto en materia de radio, televisión y telecomunicaciones, como de libertad de prensa, los cuales admiten este tipo de abusos y permiten que los poderes económicos y políticos estén por encima de las libertades.

Ante esta preocupante situación, las organizaciones firmantes exigimos que el Estado mexicano cumpla con el compromiso adquirido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en julio pasado en el marco de su 128 Periodo Ordinario de Sesiones para que a la brevedad posible, el Relator Especial para la Libertad de Expresión haga una visita oficial a México, petición que en reiteradas ocasiones hemos hecho las organizaciones a la cancillería sin que hasta el momento tengamos una respuesta concreta.

Organizaciones firmantes:
Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC-México)
Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET)
Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS)
Fundación Manuel Buendía (FMB)
Libertad de Información-México A.C. (LIMAC)
Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP)

Red Mexicana de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación
Reporteros Sin Fronteras

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